Mientras en el Parlamento Vasco se celebraba el XXX aniversario, yo estaba en una entrevista con una adolescente “emo”. Como el resto de los miembros de las Mesas de esa Institución a lo largo de estos últimos 30 años, yo estaba invitada. No acudí. Cada uno de los miembros que no estuvieron presentes, lo hicieron por alguna razón. Yo lo hice por dos: en primer lugar, porque tengo un trabajo que, igual que al resto de trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena, no me permite irme a un acto, salvo que solicite un día de vacaciones, y por otro, sentía que era paradójico “volver” de invitada cuando había salido “expulsada”, y no me había ido ni por propia voluntad, ni porque los ciudadanos lo decidieran. Hace año y medio, la Presidencia del Parlamento ejecutó la sentencia de inhabilitación ordenada por el Supremo. De esta manera perdí mi escaño, porque un tribunal se tomó la revancha ayudado por “Manos limpias”.
Ante la ausencia de Juan Maria Atutxa y de su explicación en carta a los medios, se han dado una serie de reacciones algunas esperables viniendo de quienes viven, pero de todas ella a mí me gustaría entender el propósito y el alcance de lo que a dicho Jesús Eguiguren (PSOE) con la siguiente frase: “…pero también en la vida hay que tener claro que una cosa es hacer cumplir el derecho y otra cosa es hacer Justicia", quiero entender que alude a que con nosotros (Juan Maria Atutxa, Gorka Knörr y yo misma) se “cumplió el derecho”, no que se hizo justicia. Peor me lo pone, porque le puedo asegurar que con los vaivenes interpretativos de los mismos jueces ante casos similares, eso de cumplir el derecho me parece una ironía.
¿Quieren que se lo demuestre? Sigan leyendo.
El Tribunal Supremo, en una sentencia del 18 de febrero de 2008, estableció la doctrina Botín. Básicamente se resume en que si el fiscal no acusa y tampoco lo hace la acusación popular, no se puede abrir juicio oral, lo que eximió al presidente del Banco de Santander de sentarse en el banquillo. Posteriormente vino la sentencia del caso Atutxa, donde también se personaba Manos Limpias. En esta ocasión, el Supremo reinterpretó su propia doctrina asegurando que en aquellos casos donde no hay un perjudicado concreto, sí se puede abrir juicio oral. Sin embargo, Varela estuvo en contra y emitió un voto particular. La sentencia está recurrida ante el Tribunal Constitucional.
En efecto, el magistrado Luciano Varela emitió un voto particular al entender que el proceso contra Atutxa, Knörr y Bilbao, debía archivarse por la ausencia de acusación particular –reservada a las víctimas directas de los presuntos delitos-. El propio Varela respaldó estos argumentos en 2007, con el caso Botín, que finalmente se archivó por ello. Y, sin embargo, el año pasado ese mismo juez validó la acusación popular de Manos Limpias contra Garzón.
Es más, este mismo juez, Luciano Varela, que ahora instruye la causa contra Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes de la guerra y del franquismo, y que sí ve indicios de este delito -que consiste en dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son- en la actuación de su colega de la Audiencia Nacional, no los vio en el caso del juez Francisco Javier Urquía, aliado del cerebro de la trama Malaya, que dictó un auto para favorecer a Juan Antonio Roca a cambio de dinero.
Si el derecho es tan interpretativo que depende del viento que sople, y se adapta como la plastilina a los intereses del poder de turno, o a los sentimientos personales de un juez, me pregunto, ¿en qué lugar queda la justicia?
A estas alturas, lo que tengo claro es que fui “ilegalizada” de facto para presentarme a las últimas elecciones, por no prestarme a una vulgar “representación”, porque la orden del Supremo sólo era eso. Era demostración de fuerza, de intromisión. Se ha dicho que nosotros echábamos un pulso al Supremo. No, el pulso lo echo el Supremo a la Cámara Vasca.
Se ha mentido tanto, que lejos queda la verdad de aquella “orden”. El Supremo ordenaba una “disolución”, que los medios de comunicación y los representantes del Partido Popular y Partido Socialista se encargaron de “traducir” interesadamente como “desaparición de la voz de ETA” en el Parlamento. Mentían a los ciudadanos y en algunos casos se llegaron ellos mismos a creer sus mentiras.
La orden de disolución de Euskal Herritarrok o Sozialista Abertzaleak sólo significaba, que el grupo parlamentario de la izquierda abertzale pasaba al grupo mixto, sus miembros conservaban los mismos derechos de participación en la Cámara que el resto de los parlamentarios.
¿Cuáles eran los efectos prácticos de aquella disolución? En el caso de SA, la pérdida de 3 minutos de 10 de una intervención normal, y el 30% de las remuneraciones económicas por grupo. Eso era lo que la orden restaba a ese grupo parlamentario, porque disolución no es sinónimo de desaparición, como algunos quisieron hacer creer a la opinión pública. Intactas quedaban sus remuneraciones personales, la asignación por escaño, y su participación de 7 minutos en todas y cada una de las iniciativas que se debatiesen en el Parlamento.
¿Saben ustedes a quién en la práctica, dañaba la orden? A Ezker Batua berdeak, el pagano una vez más de la Ley.
De hecho era Ezker Batua berdeak quién con la orden, desaparecía como grupo del Parlamento, porque le dejaban 3 minutos por intervención y le recortaban su asignación en un 70%. Eso no interesaba que se supiera, esa parte de la historia se silenció.
Me han llamado delincuente, me han acusado de dar voz a los terroristas, me han inhabilitado y multado, me han inscripto en el registro de penados y rebeldes,… Ahora, el Señor Eguiguren, -Presidente del grupo parlamentario socialista en el Parlamento Vasco-, dice algo asi como que o se cumplió el derecho o que se hizo justicia.
A estas alturas ¿piensan que yo puedo creen en lo uno o en lo otro?
Ayer, en mi trabajo, durante la entrevista a la que he hecho referencia al comienzo, intentando ayudar a una adolescente confusa y a su familia, les puedo asegurar que me sentí bastante más útil, que habiendo ido a hacer el paripé a la “casa de todos los vascos” como la denomina la Sra. Mendia y, no malgasté un día de vacaciones.
Ante la ausencia de Juan Maria Atutxa y de su explicación en carta a los medios, se han dado una serie de reacciones algunas esperables viniendo de quienes viven, pero de todas ella a mí me gustaría entender el propósito y el alcance de lo que a dicho Jesús Eguiguren (PSOE) con la siguiente frase: “…pero también en la vida hay que tener claro que una cosa es hacer cumplir el derecho y otra cosa es hacer Justicia", quiero entender que alude a que con nosotros (Juan Maria Atutxa, Gorka Knörr y yo misma) se “cumplió el derecho”, no que se hizo justicia. Peor me lo pone, porque le puedo asegurar que con los vaivenes interpretativos de los mismos jueces ante casos similares, eso de cumplir el derecho me parece una ironía.
¿Quieren que se lo demuestre? Sigan leyendo.
El Tribunal Supremo, en una sentencia del 18 de febrero de 2008, estableció la doctrina Botín. Básicamente se resume en que si el fiscal no acusa y tampoco lo hace la acusación popular, no se puede abrir juicio oral, lo que eximió al presidente del Banco de Santander de sentarse en el banquillo. Posteriormente vino la sentencia del caso Atutxa, donde también se personaba Manos Limpias. En esta ocasión, el Supremo reinterpretó su propia doctrina asegurando que en aquellos casos donde no hay un perjudicado concreto, sí se puede abrir juicio oral. Sin embargo, Varela estuvo en contra y emitió un voto particular. La sentencia está recurrida ante el Tribunal Constitucional.
En efecto, el magistrado Luciano Varela emitió un voto particular al entender que el proceso contra Atutxa, Knörr y Bilbao, debía archivarse por la ausencia de acusación particular –reservada a las víctimas directas de los presuntos delitos-. El propio Varela respaldó estos argumentos en 2007, con el caso Botín, que finalmente se archivó por ello. Y, sin embargo, el año pasado ese mismo juez validó la acusación popular de Manos Limpias contra Garzón.
Es más, este mismo juez, Luciano Varela, que ahora instruye la causa contra Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes de la guerra y del franquismo, y que sí ve indicios de este delito -que consiste en dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son- en la actuación de su colega de la Audiencia Nacional, no los vio en el caso del juez Francisco Javier Urquía, aliado del cerebro de la trama Malaya, que dictó un auto para favorecer a Juan Antonio Roca a cambio de dinero.
Si el derecho es tan interpretativo que depende del viento que sople, y se adapta como la plastilina a los intereses del poder de turno, o a los sentimientos personales de un juez, me pregunto, ¿en qué lugar queda la justicia?
A estas alturas, lo que tengo claro es que fui “ilegalizada” de facto para presentarme a las últimas elecciones, por no prestarme a una vulgar “representación”, porque la orden del Supremo sólo era eso. Era demostración de fuerza, de intromisión. Se ha dicho que nosotros echábamos un pulso al Supremo. No, el pulso lo echo el Supremo a la Cámara Vasca.
Se ha mentido tanto, que lejos queda la verdad de aquella “orden”. El Supremo ordenaba una “disolución”, que los medios de comunicación y los representantes del Partido Popular y Partido Socialista se encargaron de “traducir” interesadamente como “desaparición de la voz de ETA” en el Parlamento. Mentían a los ciudadanos y en algunos casos se llegaron ellos mismos a creer sus mentiras.
La orden de disolución de Euskal Herritarrok o Sozialista Abertzaleak sólo significaba, que el grupo parlamentario de la izquierda abertzale pasaba al grupo mixto, sus miembros conservaban los mismos derechos de participación en la Cámara que el resto de los parlamentarios.
¿Cuáles eran los efectos prácticos de aquella disolución? En el caso de SA, la pérdida de 3 minutos de 10 de una intervención normal, y el 30% de las remuneraciones económicas por grupo. Eso era lo que la orden restaba a ese grupo parlamentario, porque disolución no es sinónimo de desaparición, como algunos quisieron hacer creer a la opinión pública. Intactas quedaban sus remuneraciones personales, la asignación por escaño, y su participación de 7 minutos en todas y cada una de las iniciativas que se debatiesen en el Parlamento.
¿Saben ustedes a quién en la práctica, dañaba la orden? A Ezker Batua berdeak, el pagano una vez más de la Ley.
De hecho era Ezker Batua berdeak quién con la orden, desaparecía como grupo del Parlamento, porque le dejaban 3 minutos por intervención y le recortaban su asignación en un 70%. Eso no interesaba que se supiera, esa parte de la historia se silenció.
Me han llamado delincuente, me han acusado de dar voz a los terroristas, me han inhabilitado y multado, me han inscripto en el registro de penados y rebeldes,… Ahora, el Señor Eguiguren, -Presidente del grupo parlamentario socialista en el Parlamento Vasco-, dice algo asi como que o se cumplió el derecho o que se hizo justicia.
A estas alturas ¿piensan que yo puedo creen en lo uno o en lo otro?
Ayer, en mi trabajo, durante la entrevista a la que he hecho referencia al comienzo, intentando ayudar a una adolescente confusa y a su familia, les puedo asegurar que me sentí bastante más útil, que habiendo ido a hacer el paripé a la “casa de todos los vascos” como la denomina la Sra. Mendia y, no malgasté un día de vacaciones.
