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Traducción
de un artículo publicado el jueves en varios periódicos económicos
alemanes, por su corresponsal en España
Hoy, 6 de septiembre, se encuentran en Madrid los gobiernos de Alemania
y España, acompañados de un nutrido grupo de empresarios, y donde
seguro hablarán sobre las condiciones para poder otorgar más ayudas
financieras a España o a su sistema bancario. En los dos lados se ha
elevado el tono en los últimos meses y es con gran expectación que
España espera ahora la decisión que va a tomar el Tribunal
Constitucional alemán, que esa sí es crucial, el día 12, sobre la
conformidad o no del rescate europeo y las obligaciones derivadas para
los alemanes.
En Alemania crece la critica contra la supuesta "mentalidad de
fiesta" de los españoles; en España los medios cada vez son más
negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel. Pensamos que
la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos gobiernos
y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero España puede ser
un paciente crónico si Alemania, junto con Europa, no contribuye a
solucionar sus verdaderos problemas.
España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el
sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política
aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente
la participación ciudadana real en las decisiones políticas. Para
no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones,
el Gobierno español debe reformar a fondo la administración de las
comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota
y completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el modelo de
Estado.
Este tema es la clave del futuro de España, porque las regiones,
ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios
del gasto público -234.000 millones frente a 118.000 el Estado en
2011-, excluyendo la Seguridad Social -23.000 millones-, y este gasto
se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción
totalmente inaceptables. Las razones verdaderas de la crisis del país,
en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver con salarios demasiado
altos -un 60 % de la población ocupada gana menos de 1.000 euros/mes-,
pensiones demasiado altas -la pensión media es de 785 euros, el 63% de
la media de la UE-15- o pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a
veces desde Alemania. A España tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial
ni creatividad. Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros,
médicos excelentes y gestores de primer nivel.
La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable,
fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una
oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y
económica, y con el poder judicial y los organismos de control a su
servicio. En
España no existe separación de poderes, ni independencia del poder
judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los
partidos que los ponen en una lista. Todo esto lleva también a una
economía sumergida que llega al 20% del PIB y que frena la competencia,
la eficacia y el desarrollo del país. Además, detrae recursos con los
que podrían financiarse educación y sanidad.
Las ayudas para España, igual que para otros posible candidatos de
rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente
politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de
dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el Ejecutivo
acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez
de cerrarla, y además de forma tan extraña que despierta todo tipo de
recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB) en
vez de esperar los fondos de la UE? Es lícito suponer que la razón es
la siguiente: los bancos no quieren que la UE investigue sus
cuentas.
Control estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha
demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un
control estricto y condiciones duras. Esas condiciones no pueden
solamente representar recortes sociales o subidas brutales de
impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa
de Europa . Se tiene que cambiar más en España que
cortar gasto social, que de todos modos es mucho más bajo que en
Alemania, y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se pueden
eliminar. Además, los casos de corrupción resultan tan escandalosos,
incluso en el propio Gobierno, que uno solo puede llegar a una
conclusión: el
dinero de Europa no puede ser manejado por personas tan increíblemente
venales.
La pasada semana el ministro de Industria Soria -imputado también por
corrupción urbanística en Canarias- acusó al ministro de Hacienda en el
Consejo de Ministros de favorecer descaradamente a la empresa líder de
renovables, Abengoa, de la que había sido asesor, en la nueva
regulación de estas energías, que reciben más de 7.000 millones de
euros de subvenciones anualmente. Y Rajoy, al que entregó una carta
probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.
No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos
aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos
los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos
a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV
regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas
públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para
ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni
fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones,
equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema
de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.
Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay
dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos la pasada
semana son escalofriantes. El déficit del Estado a julio ascendió al
4,62% del PIB, frente a un déficit del 3,5% comprometido con la UE para
todo el año (del 6,3% incluyendo regiones y ayuntamientos). Pero lo
realmente inaudito es que España está gastando el doble de lo que
ingresa. 101.000 millones de gasto a julio frente a 52.000 millones de
ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro de
regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con la
consolidación fiscal.
El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción, y que
ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de
España. En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el déficit público
era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo Gobierno dijo que
le habían engañado y que el déficit era superior al 8%, y que se tomaba
tres meses para calcularlo con toda precisión. A finales de marzo, se
dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió
a Bruselas. Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus
cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit
era ya del 8,7%.
Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba
sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días
después, Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones más; o sea,
que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no
han corregido sus cifras de 2011. Lo único que sabemos es que están
todas infravaloradas. El déficit real de 2011 puede estar por encima
del 11%, y en 2012 se esta gastando el doble de lo que se ingresa. Como
dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”. Y es
verdad… de convergencia hacia Grecia.
Claramente, la joven democracia española tiene todavía muchos déficits
de representatividad y de democracia que deberían interesar a la
canciller Merkel y también a Europa, si queremos evitar una Grecia
multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es lo que ha hecho
posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una
asignación disparatada de las mismas, a pesar de que estas ayudas han
supuesto una cifra mayor que la del Plan Marshall para toda Europa.
Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y
corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos jóvenes
se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa situación
nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más injustas
de la OECD. La antaño fuerte clase media española está siendo
literalmente aniquilada.
Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal
vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que España
sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un sistema corrupto e
ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones
para un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos
problemas. En caso contrario, solo conseguirán que una casta política
incompetente y corrupta arruine a la nación para varias generaciones.
*Stefanie Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y
economista;
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