domingo, 10 de abril de 2011

En el fondo, ¿Por qué no se legaliza Sortu? por Paco Roda

(Traigo a este blog el artículo publicado en  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=126131 porque lo comparto y creo que debe ser leído)
La gran mayoría de los debates de altura, y también de bajura, véase cualquier tertulia de Intereconomía, en torno a la legalización o no de Sortu, se han planteado desde un punto de vista jurídico. Pero lo político pesa y sobrepesa la decisión, la tensiona y determina, la modela y acaba por hacerla subsidiaria de la decisión judicial. Existe una amplísima mayoría social, e incluso me atrevería a decir jurídica, que opina que la ilegalización tiene dudoso fundamento. Medios como El País, tradicionalmente poco empáticos con las miradas nacionalistas e independentistas del reino de España, están apostando, a través de uno de sus colaboradores más lúcidos, el jurista Javier Pérez Royo, por un debate abierto e incluso radical en este sentido. La ilegalización no es de recibo. Porque ni política, ni jurídica, ni socialmente es sostenible.
Sobran razones jurídicas para decir que Sortu debe ser legalizado. Pérez Royo sostiene que el auto del “Tribunal Supremo parte de un prejuicio más bien de naturaleza política que propiamente jurídico”. Y más aún, Sortu “no supone un cheque en blanco para sus promotores (...) porque hay instrumentos para controlar jurídicamente la actividad del partido una vez legalizado”. E insiste: “en el momento de la inscripción únicamente se puede hacer un juicio de intenciones y solo en los momentos posteriores es posible hacer un juicio de conductas”. Es decir, hay una ilegalización preventiva, ilegalización que sin embargo no se contempló con Alianza Popular donde había declarados participantes del franquismo ideológico y político más comprometidos con el fascismo más sanguinario. Por otro lado, los estatutos presentados son jurídicamente impecables y ninguno de sus promotores ha sido condenado, tal y como el mismo Tribunal en su día exigió a Batasuna. Pero hay más contradicciones sospechosas en la ilegalización. Se exige a los nuevos impulsores de Sortu que demuestren un plus de limpieza democrática tras la prueba del algodón antiterrorista. Está demostrado que ninguna de las personas que avalan Sortu ha sido condenada ni inhabilitada políticamente. Luego, si se exige a la izquierda abertzale que demuestre su cambio de registro democrático, habrá de ser a ella, a la antigua, a la señalada y estigmatizada, no a la nueva marca, a Sortu, a la que se requiera higiene democrática ya que ésta está limpia de toda sospecha y sobra la exigencia.
Por otro lado, el hecho de que Sortu cuente con el aval de numerosas personas vinculadas a Batasuna es la mejor certificación para refrendar el convencimiento de que se está en otra disposición. Si no hubieran firmado ese compromiso tal vez hubiera habido motivos para desconfiar. Pero no ha sido así. Porque esa firma deslegitima socialmente a ETA, algo que el Supremo al parecer se empeña en perpetuar.
Asimismo resulta muy difícil de aceptar que Sortu no será legalizado hasta que ETA desaparezca. Mantener esta estrategia significa triangular a Sortu, es decir, se le endosa a un agente político las responsabilidades de un tercero (ETA) con el que jurídicamente se ha roto. (Lagasabaster y Zallo) Es como si se hubiera condicionado la legalización de Alianza Popular hasta que la Falange posfranquista hubiera desaparecido. Cosa que no ocurrió sino que se perpetuó hasta nuestros días.
Por otro lado, la legalización de Sortu no supondría la indefensión de la sociedad española, sino todo lo contrario puesto que pondría a la izquierda abertzale ante la prueba de fuego respecto a la actividad posterior a su legalización (Pérez Royo). Si ello fuera así y si la ilegalización de Sortu no se sustenta en razones jurídicas y políticas, ¿qué otro tipo de razones influyen en el Tribunal para que no se reconozca su legalidad?
Sortu no es solo una opción política más que quiera acceder al juego democrático de la participación política. Al menos no lo es para el conjunto de estrategias, dinámicas, fuerzas y personas de toda índole y condición conjugadas en su ilegalización. Y no estoy hablando de complot. Me gustaría creer que los jueces no han conspirado al dictado de nadie para ilegalizar a Sortu. Creo que hay razones no nombradas mucho más inquietantes y peligrosas. Son las que no se reconocen, las que pesan y son inconfesables, las que no se pueden nombrar porque forman parte de la agenda oculta, de las resistencias, las hipotecas ideológicas (el despótico antinacionalismo de buena parte de la alta judicatura), los miedos personales, los deseos de venganza y de expiación, los prejuicios pasados presentes y futuros, los supuestos, las sospechas, las obsesiones y los recelos propios y ajenos. La ilegalización ha tenido una formulación jurídica, pero en el fondo subyace una enorme resistencia, más allá de las leyes y la oportunidad política, para enfrentar un nuevo periodo de la historia política de Euskalerria. Y creo que esas claves son las que han influido para que los jueces, quienes no se han visto libres de presiones personales, políticas y sociales; hayan dicho no a la legalización. Y es que el Tribunal, más que ilegalizar a Sortu ha ilegalizado su significado, su trascendencia, su alegoría social, su representación simbólica, su oportunidad de ser un nuevo sujeto político capaz de alterar el orden político y social de Euskalerria e incluso del reino de España.
El alto Tribunal ha ilegalizado, amparado en la desconfianza preventiva, un proceso social que se supone novedoso y esperanzador para Euskalerria, un tiempo sin ETA que ya ha renunciado a los mártires de la insensatez. Y es que pareciera que lo que interesa, más que la pacificación, la cohesión y convivencia social; es una larga, implacable y atormentada capitulación de ETA y su periferia. Pero esa estrategia sólo nos lleva a un porvenir convertido en una agonía sin desenlace.
No olvidemos por último, la altísima rentabilidad económica, electoral y simbólica de ETA. No olvidemos lo que supone su existencia y condena como recurso ideológico y electoral movilizador de millones de emociones y votos en juego. Para el alto Tribunal, ETA y todo su mundo ideológico y periférico, significan un activo contramovilizador del imaginario social de gran voltaje, ETA es un pilar básico en los discursos de poder y contrapoder y funciona como un elemento más allá de su propia actividad o inactividad. ETA y su “mundo”, llamado a desaparecer, es como el Barça, más que un club; es una representación simbólica de difícil desvinculación. Y al Estado le cuesta desengancharse de esta adicción.
El alto Tribunal no es ajeno a la historia, ni a nada que suene o se conecte con ETA y su misión. Pero debería serlo ante esta propuesta. Porque su función no es prejuzgar las intenciones, sino juzgar las actividades, los hechos y los actos. Y de momento a Sortu no se le ha dado esa oportunidad.
 
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

viernes, 8 de abril de 2011

PP y PSOE SE NOS HAN SUBIDO A LAS BARBAS

Va a costar bastante regenerar la clase política, va a costar bastante lograr un mínimo de credibilidad si seguimos por este camino. En la última hora está en el candelero la votación en la eurocámara para eliminar algunas de las prebendas de la clase política. En este momento, es la cuestión de los vuelos, pero hay otros espacios como sueldos, dietas, absentismo,… cuando no pagos camuflados o “regalos” inadecuados.
La realidad es que todas estas cuestiones se han ido descarrilando ante la actitud laxa de los partidos y de una sociedad que en época de vacas gordas no ha prestado la suficiente atención a la falta de ética y de honradez de sus representantes.
En este momento, creo que es un insulto a la ciudadanía, sobre todo a la más afectada por la crisis, el que dirigentes de partidos se refieran a la cuestión de los viajes en ‘business', como el “chocolate del loro”, porque ya se sabe que onzita a onzita nos hacemos una tableta y además lo simbólico también cuenta.
La realidad es que un gobierno socialista que ha bajado las pensiones y el sueldo de los funcionarios, no puede permitirse el lujo de “equivocarse” en una votación y rectificar pasando a abstenerse, es decir una labor de maquillaje que no engaña a nadie porque se ve perfectamente que lo que de verdad quieren es seguir con el privilegio de no tener que viajar en turista.
Me consta que es cierto que Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya intentaron en febrero que todos los viajes se hicieran en turista, y se dirigieron al presidente del Congreso, José Bono, para pedirle que lo renegociara con Iberia. El objetivo, evidentemente es dar ejemplo de austeridad y de respeto a la ciudadanía que es a la que se deben. Sin embargo no han obtenido ninguna respuesta dos meses después.
Sin embargo, lo que a mi me duele es que entre los comentarios que he leído, ninguno atacaba al Sr. Bono y sin embargo casi todos ellos meten a todos los partidos en el mismo saco o llegan a decir que no se creen eso de que IU e ICV lo hayan propuesto.
Cuando salta una noticia así, es habitual desde los foros se reclame la abstención y eso es un tremendo error. Cuando se reclama la abstención no somos conscientes de que los grandes partidos tienen sus incondicionales “hagan lo que hagan”, de forma que ese no voto que muchos ciudadanos consideran de castigo, les trae al pairo, porque lo único que hace es que tengan que tener menos votos para repartirse el mismo pastel. La abstención no es un castigo hoy en día, es un regalo, pero no para la democracia sino para PSOE y sobre todo para el PP.
Sería tremendamente importante que la ciudadanía “educara” a sus representantes y empezara a ponerles “límites” igual que se debe hacer en la educación de los hijos. La formula de “dejar hacer” está claro que sólo trae resultados nefastos, sin embargo no parece que lo entendamos así, y esta sociedad aún no ha aprendido a castigar las malas conductas y a premiar las buenas, y así nos va. Los políticos, como nuestros niños, se nos han subido  a las barbas.

miércoles, 6 de abril de 2011

CARLOS JIMENEZ VILLAREJO, VOTA IZQUIERDA UNIDA

Carlos Jiménez Villarejo (Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, ingresó en la carrera fiscal, y con 27 años, en plena dictadura franquista (1962) fue nombrado abogado fiscal en la Audiencia Territorial de Barcelona. A principios de los setenta, militó en la oposición antifranquista. En 1972 fue cofundador de la asociación Justicia Democrática y por esos años también militó en el PSUC. En 1973 sufrió un traslado forzoso a Huesca por la defensa de los derechos humanos. En los años ochenta, ya en la democracia, en su labor como fiscal tuvo en el punto de mira a Jordi Pujol, por el caso Banca Catalana que finalmente quedó en nada judicialmente, pero que reforzó la figura del líder nacionalista.
En 1987 fue nombrado Fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona hasta que en 1995 asumió la jefatura de la Fiscalía especial anticorrupción. En 1997 sufrió un infarto. En 2003, durante el Gobierno del Partido Popular, cesó en el puesto de fiscal anticorrupción, lo que le llevó a la jubilación voluntaria).


Ante el panorama de una campaña electoral con mas espectáculo que ideología y una excesiva demagogia, centrada en "a ver quien da mas", resulta indispensable apoyar a quienes ofrecen una autentica política de izquierdas, acreditada en la anterior legislatura, para construir una sociedad mas igualitaria y mas justa frente a los poderosos. La coalición que encabeza Llamazares ya ha contribuido decisivamente en el proceso de construcción del Estado del Bienestar y, ahora, debe ser apoyada para aumentar el peso de la izquierda en el futuro Gobierno de España. Hay muchas razones para prestarle el apoyo que necesitan, para votarles. Hay muchas razones, entre las que están las siguientes.

1.-Es la única formación política que plantea "una reforma fiscal para mejorar la progresividad y la equidad del sistema fiscal", es decir, un sistema de impuestos capaz de generar mas riqueza para realizar una mas justa redistribución de la misma entre las clases mas desfavorecidas. Es la única propuesta admisible cuando se sabe que el 86% de las grandes fortunas españolas, con un patrimonio superior a las 10 millones de euros, no declara el Impuesto sobre el Patrimonio .O cuando se sabe, lo saben el PP y el PSOE, que en los últimos diez años muchas empresas españolas han deslocalizado capitales hacia paraísos fiscales, europeos y en las Islas Caimán, por mas de 6.000 millones de euros. IU solo plantea que el Gobierno practique la política del Gobierno alemán, que ha decidido "apretar los tornillos" a los paraísos fiscales europeos para contener el fraude de las grandes fortunas de aquel país. Sobre todo, en un país como el nuestro, donde el fraude fiscal representa el 23% del PIB.
2.- El Grupo Parlamentario de IU-ICV ha actuado eficazmente para garantizar la transparencia de los partidos políticos en su sistema de financiación. La Ley de Financiación le debe mucho a esta coalición política. Para suprimir las donaciones anónimas, fuente de sumisión de los partidos a los poderes fácticos. Para aumentar la transparencia en la relación de los partidos con las entidades de crédito. Particularmente, ante operaciones financieras irregulares, como la condonación de intereses -una forma encubierta de donación prohibida-, condonación de la que se han beneficiado indebidamente el PSC-siete millones de euros- y Ezquerra -dos millones setecientos mil- .
3.- Asimismo defendió, contra el criterio del PP y del PSOE, que, como viene exigiendo el Consejo de Europa, las formas mas graves de financiación irregular de los partidos se consideren delictivas como factor de prevención y de represión de la utilización de la política como medio de enriquecimiento personal o de los propios partidos.
4.-En aras de una efectiva ética en la actividad pública, IU ha defendido y exigido, aunque sin éxito por falta de apoyos parlamentarios, que los Altos Cargos de la Administración Central desde que cesen en sus cargos dejen de percibir el 80% de sus anteriores retribuciones, que además son compatibles con las que perciban en cualquier actividad privada o pública posterior. El pago de dichas retribuciones representó al erario público, cuando cesó el Gobierno del PP, un coste de 2.940.341 euros. Una verdadera inmoralidad contra la que levantó la voz Llamazares y su Grupo.
5.- IU es un ejemplo de actividad política entendida como servicio a los intereses generales. Por ello, cuando se descubrió el mayor fraude fiscal de nuestra historia, el atribuido al Banco de Santander por un importe aproximado de 84 millones de euros, ejerció la acción popular y acusó a E. Botín. Solo el concierto de fiscales y tribunales, con una posición tan infundada como improcedente, ha hecho posible lo insólito, que ni siquiera se celebre el juicio contra los acusados que, por tanto, no han quedado exculpados.
6.- Ante la corrupción urbanística, expresada de forma palmaria en el Informe del Parlamento europeo sobre el "enladrillado" del litoral mediterráneo, IU reclamó en el Congreso de Diputados (5-5-2006) reformas legales sobre la planificación urbanística, mayor control ciudadano sobre dicha actividad pública, garantías de sostenibilidad en el desarrollo urbano y respuestas eficaces ante las demandas y necesidades de los ciudadanos. Así consiguió importantes avances en la Ley del Suelo y en actualización y modernización del régimen de incompatibilidades de Alcaldes y Concejales, así como en lo relativo al control sobre sus bienes. Hizo frente de forma abierta y eficaz al "urbanismo basura" para contener y evitar la colusión de concejales e intereses inmobiliarios.
7.-Coherentemente con su firme posición contra la corrupción, ha planteado en el Congreso la aplicación inmediata de la Convención de NNUU contra la corrupción (2003), proponiendo reformas para hacer mas eficaz la lucha contra esa amenaza para la democracia, tanto en la investigación criminal como en la sanción de conductas que ya los Gobiernos anteriores debían haber llevado a cabo, como considerar delictivo el "enriquecimiento ilícito" de los servidores públicos. Además de ampliar los plazos para declarar prescritos esta clase de delitos, los de corrupción y fraude fiscal, para evitar situaciones como la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre los "Albertos" dejando sin efecto la condena penal que le había sido impuesta, que solo puede incrementar aún mas la desconfianza respecto de los tribunales y la desmoralización cívica.
8.-Como aplicación de una política fundada la igualdad ante la ley y la no-discriminación, la coalición que representa Llamazares ha procurado constantemente ante el Gobierno, mediante continuas Preguntas e Interpelaciones, garantizar los derechos de los inmigrantes contra cualquier forma de discriminación y de xenofobia, ha exigido políticas presididas por el principio de igualdad de trato, particularmente en las relaciones laborales, ha denunciado las expulsiones en frontera sin ninguna formalidad, ha denunciado las condiciones y la propia existencia de los Centros de Internamientos de Extranjeros y, entre otras muchas iniciativas, ha reclamado el derecho al voto de los mismos, como en otros países europeos. Ha sido un ejemplo de política de respeto y de integración hacia quienes ya representan el 10,3 % de los cotizantes a la Seguridad Social.
9.- IU ha denunciado vigorosamente los Acuerdos con el Vaticano exigiendo que el Gobierno supere sus complacencias con la Jerarquía católica para construir un Estado laico. El Acuerdo vigente, de 1976, afirma que el Estado español reconoce (haciendo referencia a la Ley franquista de libertad religiosa de 1967, derogada en 1980) que "debe haber normas adecuadas al hecho de que la mayoría del pueblo español profesa la religión católica", afirmación radicalmente incompatible con el planteamiento constitucional. Y los Acuerdos de 1979 sobre enseñanza se firmaron cuando la Constitución acababa de entrar en vigor, pero se negociaron bajo la presión de una jerarquía ávida de conservar sus privilegios antes de que aquella fuera aprobada. La Jerarquía está violando sistemáticamente la Ley de libertad religiosa en cuanto presiona y coacciona a colectivos sociales a los que no admite en la plenitud de sus derechos.
10.-Finalmente, hay otra buena razón para votar IU, el papel que ha jugado en la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica. Sencillamente, sin IU hoy no habría Ley o sería manifiestamente inaceptable. Gracias a Izquierda Unida, la Ley condena el franquismo, lo declara ilegal e ilegítimo y, por tanto, causante de gravísimas violaciones de los derechos humanos; declara que sus Tribunales, procesos y condenas eran contrarios a los principios de un juicio justo; y así , sucesivamente, hasta constituir la herramienta legal que cierra el proceso de la transición, consuma la ruptura y abre nuevas perspectivas a todos los ciudadanos y organizaciones cívicas para reclamar derechos, acceder a los archivos y, sobre todo, investigar el destino de los represaliados desaparecidos.
Son algunas razones y sólidas para no abstenerse y, sobre todo, para votar a una fuerza de izquierda transformadora y radical, Izquierda Unida.